No entiendo, no entiendo…

Aunque lo intento no puedo sustraerme al frenesí de los tiempos, me resulta imposible no pensar o actuar en respuesta a tantos estímulos que me llegan desde fuera de mí mismo. Estamos tontos. Diría, si me lo permitieran las románticas mentes del diecinueve, que nos encontramos ante un nuevo pero devastador mal du siècle. En fin…

En las últimas horas, o sea, entre ayer por la tarde y ahora mismo, he tenido ocasión de leer y oír toda suerte de opiniones, más o menos fundadas o sin seso alguno, acerca del famoso, vituperado, vilipendiado, adorado, temido, anhelado y envidiado Estatut catalán. ¿Por qué? Porque es lo que hay, lo que ahora vende y de lo que toca hablar.

Particularmente me la trae al pairo el dichoso Estatut y sus estatutarios partidarios y detractores. Tanto como si habláramos del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que es donde vivo –qué largo… siempre que me preguntan digo de Valladolid. Ya sé que un catalán de pro nunca dice que es de Gerona o de Salou, sino de Cataluña, pero tierra adentro eso no se estila–. Sin embargo, no voy a entrar hoy al trapo de los nacionalismos, o los catalanismos, o los españolismos, que tiempo habrá de discutir si tienen más derecho los catalanes a la cosa diferencial que los riojanos, por ejemplo. Es sólo la introducción a otro asunto.

Un hecho me ha llamado la atención desde que, hace ya tiempo, leí por vez primera la Constitución Española de 1978: la ambigüedad jerárquica y competencial en que parece moverse este país. Ya sé que la CE no es más que una solemne declaración de intenciones, fruto del difícil equilibrio político-militar del momento trascendente en que se fraguó, y entre cuyos lastres arrostramos hoy nuevos Taifas, como cuando España era plural y no una… Aún así, con el advenimiento ¿pleno? de la democracia (que inconscientemente servidor denomina también tontocracia), los distintos gobiernos han ido desarrollando los postulados constitucionales a través de un sinfín de leyes orgánicas que deberían haber despejado y clarificado de manera fehaciente el amplio abanico competencial de los poderes públicos.

Pues no. Cada nueva ley es más insulsa, etérea y, últimamente, además, pija –por lo del lenguaje correcto y eso que tanto les gusta a los políticos y políticas–, que la precedente. Del embrollo institucional surge finalmente el lío nacional. ¿Quién coño necesitaba, hace unos cinco años, un nuevo Estatuto para Cataluña? Dicen los políticos que los catalanes, claro. Pero, puesto al habla con éstos, no parece que ninguno se percatara de tal necesidad en su acontecer diario. Sin embargo, los políticos centrales y periféricos, a la pacha, decidieron que Cataluña necesitaba otro Estatut. Pues bien. El poder legislativo, condicionado, como no puede ser de otra manera en España, por el ejecutivo, lo aprobó a la carta, con postre y cava. Y así, bien envuelto y adornado se lo dieron a comer al pueblo catalán, que aún anda con la indigestión pero, por mor de su buen nombre, cató y acató. Sin embargo, cuando se las prometían todos muy felices, llegaron los otros, los anticatalanes y proespañoles, el otro poder ejecutivo-legislativo del país, y lo impugnaron ante el Constitucional, a lo mejor por cuestión de principios o puede que sólo por chinchar, ¿qué más da?

El caso, y es a lo que voy aunque no lo parezca, es que, por fin, tras un parto más que de elefanta, ayer hubo fumata blanca en Madrid. Y puestos a poner, ya no sé dónde me llego… ¿Quién manda aquí?, pregunté en cierta ocasión. Nadie recogió el guante, y ahora vuelvo a la carga. Si la soberanía nacional reside en el pueblo, y el pueblo vota sí, o no, o lo que le dicen los señoritos, como pasaba durante la Primera República, ¿quiénes son los estirados de oscuro para decir luego que eso no vale? Mal vamos, cuando las decisiones perfectamente democráticas del pueblo soberano se la pasan los de la toga, a mayor gloria de la justicia, por debajo, muy por debajo, del birrete. Y que conste que no tengo fobias ni filias hacia los catalanes ni hacia los vascos ni hacia los murcianos… Quizá sí albergue en mi interior cierta desconfianza hacia los políticos, y los banqueros, y los empresarios leonados, y los engañatontos, y los propios tontos…

Claro, que no ha terminado ahí el asunto, porque políticos de uno y otro signo ya se han manifestado, a favor o en contra o todavía no saben, sobre la sentencia. Pero como es inapelable, pues al final resulta que quien manda en España es el poder judicial, porque cualquier ley, por mucha soberanía nacional que tenga el pueblo, es susceptible de denuncia, como también las decisiones tomadas por los poderes públicos en el ejercicio de su mandato. Pero las sentencias del Constitucional, ¡ah!, ésas ya no. Si algún inquieto rasca más, sabrá que los jueces del TC son puestos ahí por los políticos en su doble acepción, poder ejecutivo y poder legislativo.

Vaya lío. No me digan que no es surrealista… Pero así están las cosas. En España no manda nadie ni falta que hace, que ya somos mayorcitos para saber qué nos conviene, interesa o gusta, aunque no necesariamente en este orden. Siempre nos quedará la Roja, ¿no? Por cierto, creo que esta tarde juega España, o jugamos nosotros, no sé. Lo que sí me gustaría saber es si en Barcelona, pongo por caso, están los balcones de las casas y los bares llenos de banderas de España, como pasa en Valladolid. En cualquier caso, gane quien gane, mañana dará igual, la zorra rica al rosal, la zorra pobre al portal, porque entre españoles y portugueses no hay gran diferencia, la verdad, somos hijos de la misma loba que Rómulo y Remo, durante un tiempo nuestros destinos fueron paralelos, y nuestro idioma era común, y sin embargo ahora, ya ven, los miramos por encima del hombro, unos a otros… Nosotros mismos.