Autocrisis

No será este escribidor quien determine si alguien tiene derecho a algo, y en qué medida, por supuesto que no, entre otras cosas porque ni tiene autoridad para tal cosa ni le pagan por ello. Pero me cago en la leche. No era bastante con que los sufridos, esforzados y avergonzados súbditos-ciudadanos de esta España poliforme arrastráramos el estigma de guatequeros y dilapidadores por las tierras de esa seria y rigurosa Europa, que a los pequeños enanos de dentro les ha dado ahora por crecer.

Aprovechó el Gobierno del Estado, la Nación, el País, el ABC o lo que quiera que seamos, para derogar a golpe de Decreto-Ley cuantos derechos habíamos ido poco a poco consiguiendo durante décadas; aprovecharon los negrialados empresarios-bisagra que van con el lote para soltar lastre; y aprovechan estos sandios catalanistas –ojo, que nadie es zote por ser catalán, que es desgracia común y añeja de toda la geografía nacional, la simpleza, digo, que por cierto, es vocablo que cada vez aprecio más en su vertiente más grosera e impertinente: subnormal– para exigir su presunto derecho a la independencia –y rápidamente Pinocho II de Moncloaca entra al quite y de paso espanta fantasmas crísicos (sic).

Y se pregunta humildemente el escribidor: ¿independencia de qué o de quién? ¿Es que acaso hay poder tiránico que a lo catalán se opone e impone por fuerza de armas o aplastante ideología? ¿O es que se trata de reivindicaciones ancestrales que en la historia buscan razones…? Porque, si de historia se trata, por supuesto que es posible, y además muy probable, encontrar en ella, buceando, razones a millares, que digo a miles, a millones, que avalan supuestos derechos legítimos a ser uno, distinto, diferente, libre, rico, inteligente y, además, guapo. Pero, también, resulta igualmente fácil y hasta frecuente esgrimir otras razones para todo lo contrario, porque es la Hstoria una señora ciega –no confundir con la Justicia, que solo es tuerta– que no entiende de privilegios de éste o aquél, y lo mismo que a todos contenta a todos da por el saco.

No quisiera el escribidor entrar en refriegas de carácter histórico, pues sabe que en estas contiendas el ascua debe calentar a más de una sardina, pero sí dejará constancia de unos breves apuntes, para que el lector despistado o poco o nada informado se sitúe en contexto.

A saber, y antes de nada, si lo que los nacionalistas catalanistas esgrimen como razones históricas para legitimar su independentismo se reduce a que hubo un Condado de Barcelona, dependiente de la monarquía carolingia, que con el tiempo y la lejanía del poder franco fue liberándose de su tutela y se encontró en disposición de iniciar una tímida expansión territorial hasta fusionarse dinásticamente con el Reino de Aragón, le parece a este escribidor que tales fundamentos son pobre y etérea base sobre la que construir un Estado. Porque los territorios catalanes, los que actualmente forman la Comunidad Autónoma de Cataluña, nunca, en ningún momento pasado, fueron independientes ni constituyeron una nación histórica, como pretenden ahora aducir, sino que siempre, desde que las tribus abandonaron el chamanismo, formaron parte de entidades políticas y territoriales superiores: primero de Roma, después del Reino Visigodo de Toledo, más tarde del Califato de Córdoba, luego del Imperio Carolingio, para pasar a la Corona de Aragón (que es, probablemente, cuando los catalanes alcanzaron mayor grado de autonomía, salvedad hecha del periodo democrático actual, y aun así, estaban sometidos al poder regio) y, por último, a la España unificada por sus católicas majestades.

En segundo lugar, decir que «La historia de Cataluña se inicia cerca del año 900, cuando Guifredo el Velloso se desliga de los reyes francos y da origen a la casa condal de Barcelona» es decir mucho. Demasiado, porque en aquel entonces ni existía el concepto político o territorial de Cataluña (el Condado de Barcelona era uno más de los varios condados que formaban la Marca Hispánica) ni había conciencia alguna de una identidad catalana, mucho menos de una nación catalana. Faltan el rigor histórico y la fidelidad a los hechos contrastados por la mayor parte de los historiadores, a excepción de los nacionalistas, claro. Pero es la bandera que ondea en la página web de la Generalitat, donde se lee asimismo que «El linaje de Guifredo el Velloso fue el embrión de la corona de Aragón», y donde se recrean en la idea de «reyes catalanes» ya que no pueden propiamente hablar de reyes de Cataluña.

Por último, podrán esgrimirse a favor de la independencia de Cataluña muchas y gastadas redundancias de carácter ideológico, lingüístico, cultural e identitarias, e incluso podrá alegarse que es una nacionalidad histórica porque plebiscitó en la Segunda República un Estatuto de Autonomía, y si a eso llaman derechos históricos, convengo, pero que se guarden bien, estos independentistas nacionalistas catalanistas, porque, de la misma manera, y si algún día consiguieren su anhelada independencia, parecidos argumentos estarán en disposición de esgrimir los de Vich, el Ampurdán, Solsona o Val d’Aran para reclamar su propia independencia.

Hasta aquí los razonamientos de carácter histórico, político o ideológico. No obstante, todo ello no hace sino redundar en lo mismo, que es la desagregación, la disolución, la separación, la compartimentación y la desafectación, cuando, precisamente, lo que se necesita es sumar.

Y, para colmo, el resto de necios de la orquesta nacional y hasta de la europea entran al trapo de las sandeces populistas y demagógicas de los otros, discutiendo muy sesudamente las consecuencias políticas, económicas y de otra índole de una posible declaración de independencia  bla, bla, bla. ¿Acaso no se da cuenta nadie de que, para que Cataluña fuera jurídicamente independiente del Estado español sería necesario un complicado y lento procedimiento legal que implicaría probablemente la reforma de la Constitución española y un referéndum nacional? ¿Acaso ningún lumbrera entre los cuatrocientos mil asesores del Gobierno, la oposición, los sindicatos y la cuñada de todos ellos tiene el suficiente conocimiento para pasar el día y, verbigracia ciencia infusa aunque sea, decir claramente que una declaración unilateral de independencia por parte del gobierno de Cataluña no tendría otro efecto que ser considerados el hazmerreír de todo el mundo, exceptuando los cuatro cretinos que la proclamaran? ¿Es que no se percatan de que ni siquiera la tan anunciada consulta popular al respecto podría revestirse de una apariencia de legalidad, pues está fuera del marco competencial catalán? ¿Cómo, entonces, en nombre de todo el sentido común, habría de tener efecto la hipotética declaración, ni en las instancias nacionales ni en las europeas, y en virtud de qué razones los líderes españoles y europeos se pronuncian al respecto como si de cosa de estado se tratara?

No hay otra forma más elocuente de denominar a la cosa esta de la independencia. Que el señor President, por llamarle algo educado, proclamara la independencia de Cataluña respecto a España tendría el mismo valor jurídico que si el Ayuntamiento de Alcorcón –dicho con todo el respeto–, en sesión solemne y plenaria, y todos los concejales con el traje de pana de los domingos, aprobaran una moción para declarar la guerra a Marruecos. Sucede que, sencillamente, unos señores, por mucho que pertenezcan legal y democráticamente a esta o aquella institución y por muy de acuerdo que se pongan en ello, carecen de autoridad, jurisdicción y legalidad para llevar a efecto cualquier cosa sobre la que no tengan competencia.

Cree el escribidor que hay por ahí mucha tontuna, muy mala leche y muy poca educación. Y lo cree, además, con un profundo sentimiento de pesar y amargura, porque ha vivido, y buenos momentos, en Cataluña, junto a sus familiares catalanes, y quien lo conoce sabe que aborrece las fronteras, cualquier frontera, física o imaginaria, real o virtual, y sabe también que ninguna animadversión le mueve, salvo el profundo hastío que le producen la estupidez y la intolerancia, hablen catalán o sueco.

En fin, que resulta demoledor y tremendamente definitivo el hecho de que la voluntad de la mayoría sea tan inapelable como si de cosa juzgada se tratara, democratia dixit. Entonces, frente a esta exhibición de la soberbia popular, ¿no le cabe a quien ejerce el poder sino claudicar? Pero, ¿no será más bien que es ese que tiene el poder quien ha conducido a la mayoría hacia la toma de tal decisión soberana, en una transcripción ideológica e interesada del término demagogo?